Cada vez que los ciudadanos somos citados a las urnas, en unas elecciones generales, no solamente estamos eligiendo al Presidente del Gobierno, sino que además, en las listas que votamos, estamos decidiendo quienes serán los diputados y senadores que han de salvaguardar y proteger nuestros derechos, así como el bienestar al que se supone que tenemos derecho, por el simple hecho de vivir en democracia.
Se supone que esos servidores públicos han de ser nuestros representantes, quienes trabajen arduamente por mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras infraestructuras, nuestro sistema de pensiones, y también, quienes le garanticen a cada español un puesto de trabajo digno.
En la empresa privada, no sólo hay que cotizar durante 35 años para poder optar al 100% de la pensión de jubilación, sino que además, si el trabajo realizado no es satisfactorio, la empresa rescindirá el contrato del trabajador y éste irá directamente a formar parte de la estadística de desempleados del país.
Y llegados a este punto, es donde yo me pregunto qué tipo de justicia es aquella que permite (y a los tiempos actuales me remito), que a los servidores públicos que actualmente ostentan su cargo, no sólo no se les exigen resultados ni transparencia en su labor, sino que además se les premia con el 100% de la pensión de jubilación, habiendo cotizado únicamente once años.
Hay que tener mucho rostro, por decirlo finamente, para obligar (más que para pedir) a la ciudadanía a soportar una serie de recortes y unas subidas en productos y servicios básicos, mientras que sus señorías se hinchan a cobrar dietas y a cotizar por un trabajo mal hecho (eso si se ha hecho, claro está), a costa de aquellos ciudadanos que con el valor de sus votos los han llevado a la situación privilegiada que ahora disfrutan.
La esencia de la democracia (de la auténtica democracia) dicta que sean los diputados y senadores quienes trabajen para el beneficio del pueblo, y no al revés….
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